Leo en Expansión un artículo sobre la ponencia realizada en el Congreso de la Confederación de Abogados Jóvenes en el que, en sus conclusiones, se exponen unos criterios en relación con la fijación de precios que no dejan de sorprenderme. Voy a intentar explicar bien mi criterio, que, por supuesto, cualquiera puede rebatir. Pero creo que el mensaje que se lanza es erróneo, y al estar dentro del contexto de la abogacía joven, me gustaría ayudar a comprender a ese colectivo que se trata de una conclusión errónea.
El texto dice literalmente lo siguiente: «En la ponencia sobre la Ley Ómnibus, las asociaciones de abogados jóvenes de Madrid, Granada y Sevilla apuntan a que la supresión de la función de los Colegios de fijar baremos orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios, junto con la de las restricciones a la publicidad, hará que los grandes despachos se lancen a poner en marcha campañas de captación de clientes. A juicio de los ponentes, la infraestructura de las grandes firmas de abogados les permite asumir una importante bajada de precios a cambio de incrementar el número de clientes potenciales, una situación frente a la que los despachos tradicionales o los unipersonales no tienen posibilidad de competir. Esta situación puede poner en peligro la supervivencia de este tipo de despachos en el mercado».
Antes de lanzarme a escribir el artículo he buscado el texto de la ponencia para ver si se correspondía con lo publicado en Expansión. Una vez localizado (si tienes interés en la ponencia puedes leerla en este link) y después de comprobar que ese era el sentido de la conclusión, voy a explicar mi criterio, completamente opuesto al expuesto por los abogados jóvenes de Madrid, Granada y Sevilla.
1.- En primer lugar, decir que el precio de los servicios jurídicos lo fijan los abogados a través de sus colegios profesionales, resulta, además de inexacto, pretencioso. Intentar que el precio de los servicios jurídicos sea una especie de arancel que se puede imponer al consumidor de servicios jurídicos pertenece al pasado. El precio de los servicios jurídicos, como de tantas otras cosas, lo fija el mercado, e influyen cuestiones como el número de abogados disponibles, la calidad del servicio, el valor para el cliente y el número de abogados que se dediquen a la materia que el cliente necesita.
2.- Pretender que dos abogados de diferente formación, calidad y experiencia puedan cobrar lo mismo por un servicio jurídico similar es lo más dañino que puede haber para el sector. Es muy sencillo: los malos (que los hay, como en todas las profesiones) estarían equiparados en recompensa a los buenos, así que no te molestes en estudiar, que no merece la pena. El precio está directamente relacionado con el valor que proporcionas al cliente, y no todos los abogados pueden dar el mismo valor.
3.- Es hora de aceptar que si dos abogados tienen que ir, por ejemplo, a una reunión con dos administradores de una sociedad limitada, cada uno puede cobrar lo que quiera. Un colegio profesional no está para decir lo que hay que cobrar en esa actuación. Los colegios profesionales pueden redactar criterios orientadores de honorarios a efecto de tasación de costas, pero nada más.
4.- Concluir que por la supresión de los criterios orientadores y la supresión de la publicidad los despachos grandes van a lanzarse a grandes campañas de captación de clientes es muy aventurado. En primer lugar, porque si lo hubieran querido hacer, ya lo hubieran hecho. En segundo lugar, porque las estrategias de cada despacho limita las posibilidades de lo que pueden hacer. En materia de publicidad, por ejemplo, no creo que veamos ningún cambio.
5.- No estoy de acuerdo en que «la infraestructura de las grandes firmas de abogados les permite asumir una importante bajada de precios a cambio de incrementar el número de clientes potenciales«. Yo diría más bien todo lo contrario. La infraestructura de los despachos grandes limita hasta dónde pueden bajar el precio y el tipo de trabajos que pueden aceptar. Por otra parte, meter en el mismo «saco» a todos los despachos grandes me parece también inexacto.
6.- Tampoco estoy de acuerdo en que dado el hipotético contexto anterior, los despachos tradicionales o unipersonales no podrán competir. ¿De verdad alguien cree que un despacho unipersonal es competencia de un despacho grande? Son negocios tan diferentes, que lo mejor que puedes hacer si tienes un despacho unipersonal es olvidarte de lo que hacen los despachos grandes. Otra cosa es que si haces muy bien las cosas, puedes llegar a tener un cliente de despacho grande. Pero si quieres hacerlo, no copies su forma de hacer las cosas, porque el unipersonal tiene que seguir una estrategia muy diferente.
7.- La supervivencia de los despachos tradicionales y unipersonales (las categorías no son mías, son literales de la ponencia) no se verán amenazada por la Ley Ómnibus ni por la supuesta bajada de precios para captar clientes de los despachos grandes. La supervivencia de los despachos tradicionales y unipersonales está amenazada por sus propias actuaciones, por no adaptarse a un entorno que cambia desde hace muchos años, por ignorar la reglas básicas del management y no tener el más mínimo interés en aprenderlas, por llevar años cargando en los clientes, a través del precio, sus ineficiencias en los procesos, por sentirse superior al cliente cuando éste es la razón última de la existencia del abogado, por no tener una estrategia, por no dedicar unas horas a la semana a darse a conocer entre clientes potenciales y por no aprovechar al cien por cien la tecnología, entre otras muchas razones.
Afortunadamente, hay abogados que están reaccionando, que buscan formación en gestión y dirección de despachos, que se preocupan de trabajar una red de contactos y que se esfuerzan por entender la tecnología. Buscan ayuda para fijar una estrategia y trabajar planes de marketing. Recopilan cuidadosamente la información económica de su despacho para mejorar, reconocen los fallos y piden ayuda. También hay Colegios de Abogados que ofrecen este tipo de formación a sus colegiados, y los niveles de satisfacción de los abogados son muy elevados.
Todo esto les ocupa el mismo tiempo que seguir defendiendo que el precio de los servicios jurídicos lo fijan los abogados. Que cada uno elija el grupo al que quiere pertenecer.