«María, abogada de reciente incorporación, quiere votar para elegir al nuevo Decano de su Colegio, ¿en qué caso podría hacerlo? Indique la respuesta correcta: (…)»

Ésta era una de las preguntas que el Ministerio de Justicia realizaba a losaspirantes a ejercer la profesión de abogado en la primera convocatoria de la prueba de evaluación para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2014.

La Exposición de Motivos de la Ley 34/2006, que regula la cuestión, mantiene que «la experiencia del Derecho comparado muestra que la actuación ante los tribunales de justicia y las demás actividades de asistencia jurídica requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de la obtención de una titulación universitaria«.

Nadie discute que la preparación de un abogado, como cualquier profesional, debe ser exigente y sufiente para dar respuesta a las necesidades del cliente. Los servicios jurídicos son un intangible que el cliente recibe y no es capaz de verificar si es correcto. Un buen asesoramiento puede acabar con un procedimiento judicial desestimado, y el cliente no podrá verificar si el esfuerzo del profesional fue el adecuado.

La Exposicón de Motivos de la Ley habla de «una capacitación profesional que va más allá de la obtención de una titulación universitaria». ¿A qué capacitación se refiere?

El trabajo del abogado ante el encargo de un cliente puede dividirse, a grandes rasgos, en tres partes:

1. En primer lugar, el abogado tiene que realizar una fase de diagnóstico del asunto, que variará según el encargo. En algunos casos el cliente viene diagnosticado de casa y en otros hay que realizar un gran esfuerzo por averiguarlo.

2. A continuación, el abogado recibe, casi de manera fiduciaria, el encargo del cliente, hace el problema suyo y aplica su conocimiento al caso. Utiliza conocimientos abstactos, relacionados entre varias áreas de práctica y con carácter muy amplio, y los aplica al caso concreto para realizar su asesoramiento de la forma más eficaz.

3. Por último, se pronuncia sobre la dirección adecuada del asunto en forma de recomendaciones, conclusiones de un informe, o un procedimiento judicial. Algo parecido a un «plan de acción».

El sistema de capacitación actual

Los aspirantes a ejercer como abogados tienen que realizar un programa denominado «Máster de Acceso a la Abogacía», unas prácticas y un examen tipo test que contiene preguntas como la que reproducía al comienzo de este artículo. Creo que ninguno de los tres requisitos obligatorios va a eximir a los alumnos de seguir el procedimiento habitual de aprendizaje en el sector de la abogacía. Este procedimiento es sencillo, tiene muchos años de existencia, y se basa en el esquema del maestro, el oficial y el aprendiz. El aspirante a abogado deberá dominar unos conocimientos generales del derecho y aprenderá a través de la práctica con otros profesionales cómo aplicar sus conocimientos abstractos a casos concretos.

Un problema difícil de resolver

El examen tipo test tiene como objetivo supervisar los conocimientos que previamente ha supervisado la institución que ha impartido la formación. Lo malo de los requisitos obligatorios es que comoditizan lo regulado: se tiende alcumplimiento del requisito (me explico con un ejemplo: si un posible arrendatario evalúa la eficiencia energética de la casa que quiero alquilar y percibo que es uno de los factores que atrae a los posibles arrendatarios, me preocuparé de tener una buena eficiencia energética. Si se convierte en un requisito legal para poder alquilar, me conformaré con el papel).

Existen tres campos donde el legislador puede actúar en materia de capacitación: universidades, despachos y colegios profesionales.

Universidades: Las universidades no tienen obligación de formar abogados, forman licenciados o graduados. El examen tipo test del Ministerio no garantiza la suficiencia de «capacitación profesional» que la propia Exposición de Motivos dice que va «más allá de la obtención de una titulación universitaria».

Despachos: Los despachos, o los abogados, no pueden certificar qué alumnos tienen una suficiente capacitación. No es su misión y no tienen obligación de acoger las prácticas.

Los Colegios Profesionales: Los colegios profesionales tienen competencia sobre la deontología profesional del colegiado, pero no sobre quien se quiere colegiar. La naturaleza de los colegios profesionales se basa, en parte, en la imposibilidad de evaluación de una correcta praxis por parte del destinatario del servicio (el cliente). Sólo otros profesionales pueden evaluar si se actuó de forma correcta o no. Pero no deja de ser una solución que se aplica cuando el problema ya ha ocurrido.

Como  puede comprobarse, ninguno de los tres puede resolver el problema en su totalidad.

¿Beneficia en algo a los clientes este tipo de pruebas?

Si la ley pretendía evitar, dicho coloquialmente, que el recién licenciado pudiera actuar en el Tribunal Supremo a la semana de colegiarse, creo que no ha conseguido nada, porque ni el examen ni el Máster garantizan una mayor calidad en el asesoramiento en el Tribunal Supremo a la semana de obtener la capacitación y colegiarse.

¿Se convierten en un requisito de mero cumplimiento?

Creo que sin ninguna duda. El legislador ha querido resolver un problema real creando más requisitos que no resuelven el problema. La preocupación será conseguir superar los requisitos de la manera más rápida posible. ¿En qué se diferencian el alumno con la prueba superada con la nota más alta y la nota más baja si el resultado es apto/no apto? De cara al cliente, en nada, lo que refuerza la idea del requisito de mero cumplimiento.

El acceso a la profesión cuenta con una nueva barrera de entrada de tipo administrativo, no de necesidad de conocimiento aplicado a la práctica.

Publicado en el blog Lawlab de Cinco Días Aquí